Honorable Sr. Presidente,
La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) es una organización independiente y técnica, que tiene entre sus fines velar por el respeto y cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, y la promoción de la defensa de los derechos humanos de la población saharaui, y para su consecución efectúa diferentes acciones, entre ellas la asistencia permanente de nuestros juristas al Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental para observar de forma directa la situación de la población saharaui y el desarrollo de los acontecimientos.
El Territorio del Sáhara Occidental está considerado e incluido en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU desde 1963, y Marruecos es una mera Potencia Ocupante del territorio, tal y como se pronuncia Naciones Unidas (Dictamen del Consejero jurídico de la ONU, S/2002/161, enero 2002), estando así determinado el marco jurídico internacional; siendo de aplicación el IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre la defensa y protección de la población en los territorios ocupados, y los Convenio Internacionales de protección de los derechos humanos y garantías procesales fundamentales.
En los últimos ocho años, conjuntamente con el Consejo General de la Abogacía Española hemos asistido en calidad de Juristas Observadores Internacionales a los centenares de juicios que la administración marroquí somete a la población saharaui, y sobre los cuales hemos podido concluir:
Ø Que toda persona saharaui que opine o se manifieste a favor del derecho de Autodeterminación del Sáhara Occidental es perseguida y sometida a hostigamientos, a todo tipo de torturas, encarcelamientos, desaparición forzosa, y en algunos casos sometidos a juicios. Reiteradas Detenciones Arbitrarias, que pretenden fundamentarse por parte de la administración marroquí en el factor étnico de la población, esto es, detenidos exclusivamente por ser saharauis y por no pronunciarse a favor de la posición invasora de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Ø Que existe absoluta falta de competencia de la administración de justicia marroquí en los juicios contra los activistas saharauis defensores de derechos humanos, derivada de su condición de Potencia Ocupante del territorio de forma contraria a Derecho.
Del mismo modo se aprecia:
a) Inexistencia de la preceptiva Tutela Judicial, vulneración del Derecho de Defensa de los detenidos, del principio de contradicción que rige el sistema penal, dando el Tribunal sobrevaloración a las no probadas acusaciones del Procurador, y a las Actas Policiales que nunca son ratificadas en el Juicio Oral.
b) Empleo de torturas en las detenciones, encarcelamientos y en el acto del Juicio, ante la inactividad de jueces y fiscales
c) Falta de concreción de los hechos imputados y de la pena instada por parte de la acusación pública.
Las declaraciones de los imputados saharauis siempre hacen referencia a su reivindicación del derecho a la Paz y a la Autodeterminación del Sáhara Occidental, exigiendo la aplicación de la legalidad internacional y de las Resoluciones de Naciones Unidas.
d) Los activistas saharauis defensores de derechos humanos son sometido por la administración ocupante, Marruecos, a juicios políticos que intentan anular sus ideas y postura pacífica.
Del mismo modo, de la actuación de las fuerzas de seguridad de la Potencia Ocupante, con respecto a la población saharaui, se observa:
Ø Que se efectúan graves limitaciones a la libertad de movimiento a la población saharaui, impidiendo su desplazamiento a ciudades en las que no residen, prohibiéndoles las salidas del Territorio, actuando violentamente contra toda persona saharaui que visite los Campamentos de Refugiados Saharauis o que se manifieste a favor de ello, y llegando a detener a quienes efectúen dichas visitas, como sucedió con el “Grupo de los 7”, detenidos en el aeropuerto de Casablanca el 08/10/2009 en el propio avión en el que regresaban.
El “Grupo de los 7” está sometido a la jurisdicción militar, permaneciendo aún hoy (16/09/2010) tres de ellos Ali Salem Tamek, Brahim Dahane y Hamadi Naciri en la prisión de Salé en Rabat, sin que exista acusación formal alguna contra ellos y con un exceso en la aplicación de la prisión preventiva.
Los tres presos saharauis iniciaron ayer (15/09/2010) una segunda huelga de hambre exigiendo la resolución de su situación y su puesta en libertad.
Ø Que se aplican Deportaciones Forzosas del territorio de la población saharaui, como sucedió a Aminattou Haidar, quien fue expulsada de El Aaiún hacia territorio español impidiéndole su entrada, contando Marruecos con la cooperación necesaria del gobierno de España.
Ø Que existe un empleo permanente de la violencia por parte de los cuerpos policiales contra la población saharui, causando muertes en las prisiones y en las calles (Hamdi Lembarki, Lekhlifi Abachij, …), secuelas irreversibles (tetraplejias: Elwali Elkadimi, Rabia ElFakraoui, …) . Allanamiento de viviendas, saqueos, violaciones a mujeres y jóvenes, … obligando a la población a vivir bajo un estado de sitio y terror.
La población saharaui sufre agresión individual y colectiva de sus derechos fundamentales ante la mirada silenciosa y los oídos sordos de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) siendo el primer derecho vulnerado el “Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui”.
Como determina el art. 1 de la Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos “toda persona tiene derechos individual y colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos y libertades fundamentales en el plano nacional e internacional”
Muchas Gracias.
Ginebra a 16 de septiembre de 2010
